Casas quiere una sentencia sin prisas
El tapiz se ha deshecho de nuevo. En el Tribunal Constitucional ha vuelto a romperse la delicada mayoría que había logrado apuntalarse después de meses de deliberación sobre el Estatut. Pero la presidenta del Tribunal, María Emilia Casas, ha hecho saber a sus colaboradores que no hay «ninguna prisa» para elaborar un nuevo proyecto de sentencia que logre el apoyo suficiente de los magistrados.
Ha sido la tercera propuesta la que ha desatado la caja de los truenos y al menos dos de los jueces que habían aceptado inicialmente poner su firma en la resolución de fondo -que, aun declarando inconstitucionales en el fallo pocos preceptos, ponía a salvo en los fundamentos jurídicos las competencias del Estado- se han negado a respaldarla.
El magistrado Guillermo Jiménez, que la semana pasada ya se había mostrado dispuesto a a sumar su voto a los defensores de esta sentencia interpretativa-manipulativa, fue el primero que se plantó el pasado lunes y se negó en redondo a apoyar la propuesta que se le había puesto delante de los ojos y que consideró «intolerable». El voto de Jiménez era precisamente el que iba a componer esa mayoría de 6 a 4 que habría proporcionado un poco más de solidez a la resolución.
Sin su voto a favor, la relación de apoyos en el seno del TC habría quedado de nuevo en un empate 5 a 5, lo que habría requerido el voto de calidad de la presidenta, María Emilia Casas, para inclinar la balanza en sentido favorable al Estatut. Una hipótesis que Casas rechaza contemplar, entre otras cosas porque esa proporción convertiría la sentencia en un escándalo político de primera magnitud.
Otro de los miembros del Alto Tribunal, Ramón Rodríguez Arribas, que también estaba a punto de apoyar la sentencia con su voto si se aceptaban determinadas reclamaciones por su parte para que se llevara al fallo alguna cuestión llamativa pero no conflictiva, se ha negado igualmente a votar a favor del proyecto que se les ha presentado. El voto de Rodríguez Arribas era el que habría podido conformar la relación de 7 a 3 que habría permitido al Tribunal salir a la palestra pública con una resolución respaldada por una amplia mayoría. Incluso dos de los jueces pertenecientes al llamado sector progresista como son Manuel Aragón y Pascual Sala han transmitido igualmente a sus compañeros su opinión extremadamente crítica sobre el proyecto.
La razón de este revuelo inesperado está en que en este último borrador presentado por la ponente Elisa Pérez Vera se ha metido tal cantidad de tijera a los fundamentos jurídicos y los ha despojado tan rotundamente de citas de jurisprudencia, que ha dejado el proyecto dramáticamente desguarnecido y carente de la solidez jurídica exigible. De ese texto casi ha desaparecido la doctrina, de modo que se ha convertido en una sentencia puramente decisionista, lo que en el lenguaje de la calle significa más o menos «esto es así porque lo digo yo» y por ninguna otra cosa.
En esas condiciones los consensos han saltado por los aires. Incluso podría decirse que ha habido casi un conato de sublevación. Cuando todo parecía estar ya pactado en lo esencial.
El resultado es que esta tercera propuesta de sentencia ha resultado definitivamente inadmisible para una mayoría de magistrados que, a finales de la semana pasada, estaban dispuestos a estampar su firma en una sentencia que, aunque llevando muy pocos preceptos al fallo declarándolos inconstitucionales, se apoyaba ampliamente en los fundamentos jurídicos para dar la vuelta a una parte importante del articulado salvaguardando así la competencia del Estado.
El procedimiento ya ha sido descrito por EL MUNDO: en los fundamentos jurídicos se interpretaba que algunos de los preceptos no dicen en el fondo lo que en realidad sí dicen; se dejaba sin sentido la letra de otros muchos añadiéndoles la cláusula de que no vinculan al Estado o la afirmación de que lo contenido en el artículo se puede admitir pero «sin perjuicio de» la competencia del Estado en esa materia.
Pero sucede que lo que ha quedado tras «aligerar» la sentencia en más de 100 folios ha resultado un bodrio, dicho esto en román paladino. Es decir, que no es que se haya «aligerado» el texto, protestan sus señorías, es que se ha «cortado» y que lo que resulta de ese corte es una pieza jurídicamente indigerible. Traducido de nuevo al lenguaje de un lego, el texto resultante podría estar más cerca de una ponencia política que de la sentencia de un Tribunal Constitucional. Y por eso ni siquiera los inicialmente partidarios de no tocar demasiado el Estatut estarían ya dispuestos a apoyar este proyecto.
Así que todo se ha ido abajo. Para empezar, tras el revuelo organizado a la vista del texto del tercer borrador, el pleno convocado para el lunes pasado fue suspendido. Hubo, eso sí, varias reuniones de magistrados pero la reunión plenaria, que habría durado varios días para examinar la sentencia completa sobre el Estatuto entero, no tuvo lugar.
La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, ha recibido con gran incomodidad esta rebelión de los magistrados, algunos de los cuales estarían incluso dispuestos a aceptar que se designara un nuevo ponente. Eso no ha ocurrido, pero lo que sí es cierto es que varios letrados del TC están ahora mismo elaborando nuevas notas sobre los puntos más conflictivos del proyecto.
Y aquí viene lo asombroso: convencidos de que el encargo que recibían de la presidencia era de la máxima urgencia, y dispuestos ya a trabajar a uña de caballo, los letrados - profesores universitarios y magistrados, es decir, auténticos estudiosos y expertos en las materias de las que se ocupan- han sabido que la presidenta del Alto Tribunal se enfrenta «sin ninguna prisa» a la resolución de este nuevo obstáculo para la tan esperada sentencia. ¡Sin ninguna prisa!
Y, sin embargo, no todo está perdido. Los días que quedan de la semana presente sí que están echados a perder y en las dos semanas que restan para que termine julio, vista la «ninguna prisa» expresada por la presidenta, no debemos esperar la fumata blanca antes de agosto. O de septiembre.
Pero no todo está perdido porque el contenido esencial del proyecto de sentencia se mantiene. Lo que se negoció, negociado está. Y lo que va al fallo sigue yendo al fallo. Sólo los fundamentos jurídicos han de ser rescatados y apuntalados con la doctrina jurisprudencial imprescindible. Es verdad que, con ese corta y pega implacable, la ponente ha destrozado la coartada jurídica de los reticentes y, en consecuencia, ha destruido también el consenso. Pero si se pretende recuperar el pacto y facilitar la coartada de quienes, siendo muy críticos con la fórmula con la que se iba a envolver el varapalo al Estatut, estaban dispuestos a respaldarla, hay que desandar lo andado.
Este es el trabajo que ahora tienen por delante los letrados del alto tribunal que probablemente se vean en la necesidad de regresar al segundo borrador y empezar de nuevo a perfilar desde ahí la redacción definitiva de esta sentencia de nunca acabar
