MANEL MANCHÓN
MADRID
La iniciativa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir una investigación sobre los desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo causó ayer un alud de reacciones encontradas en el ámbito político y en el judicial.
Si bien el Gobierno se mantuvo a la expectativa, respetando la decisión, como afirmó José Luis Rodríguez Zapatero, el PP mostró su rechazo con contundencia. Mariano Rajoy se mostró partidario de "no reabrir las heridas del pasado, lo haga quien lo haga". El líder popular no quiso entrar en el detalle de la pretensión de Garzón ni en sus motivos y añadió que su decisión "no conduce a nada". La Generalitat apoyó la "muy positiva iniciativa", porque permitirá trabajar "en la misma dirección" a la justicia y al Govern. Las asociaciones judiciales y de militares, en cambio, cuestionaron que la investigación deba ser llevada a cabo por los tribunales.
DEMANDA
Fue Zapatero quien quiso proporcionar contexto a la decisión de Garzón al recordar que trata de responder a una demanda de ciudadanos que acudieron a la justicia. Varios colectivos piden la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, asesinatos o torturas que se cometieron a partir de 1936. Y Garzón ha respondido con una providencia en la que pide a instituciones como la Abadía del Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española, el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de cuatro municipios que ofrezcan relaciones y datos de los desaparecidos.
Rajoy fue preguntado ayer en dos ocasiones sobre la decisión del magistrado. Y cuando se le sugirió que el juez responde a una petición ciudadana, el líder popular se limitó a responder del mismo modo, incidiendo en que no es necesario "reabrir heridas". Más contundente se mostró el eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja al calificar la providencia de "disparate" y "un enorme error", vinculándola a la ley de memoria histórica aprobada en la anterior legislatura. Pero la petición de Garzón afecta también a diversos alcaldes, de distinto color. El de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), se mostró raudo al asegurar que su consistorio "acatará siempre cualquier decisión judicial".
LA UPN, A FAVOR
En Navarra también se pronunció Alberto Catalán, el secretario general de UPN, el partido con el que se identifica el PP en esa comunidad foral. Catalán precisó que la decisión de Garzón no debería constituir ningún problema. "Todos debemos entender que los ciudadanos de este país quieran saber donde están los restos mortales de sus antepasados y que no debiera plantearse ningún problema", aseguró. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, precisó que su ministerio "cumplirá fielmente" con las peticiones judiciales a Interior.
En el flanco judicial la cuestión se planteó de forma más fría y con diversas dudas. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, afirmó que el órgano judicial mantiene "el respeto y el interés" de una decisión que le es ajena y que compete a un juez de instrucción. La asociación Jueces para la Democracia (JpD) consideró que es difícil que prospere la iniciativa de Garzón y que esta pueda concluir en una acusación por delito. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, entiende que las investigaciones penales no están previstas para poder abrir causas generales. En esa línea se pronunció también la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, que no ve necesario abrir una vía penal, cuando "podría hacerse desde el ámbito político".
Las asociaciones de militares AME y AUME defendieron igualmente que no sea "perseguido" nadie por lo ocurrido en la guerra y la dictadura.
