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Bajo el Régimen del 78, el Derecho ha dejado de ser determinación de la justicia, para convertirse en un barrizal positivista nacido del puro arbitrio del poder, que utiliza las leyes y las sentencias judiciales para imponer su voluntad. En el caso que nos ocupa, el arbitrio del poder consiste en imponer la ideología feminista como verdad incoercible; y para imponerla se recurre a todo tipo de iniquidades y aberraciones jurídicas. Primeramente, se aprueban en el Parlamento por unanimidad (importa resaltar este hecho) leyes aberrantes que permiten elevar las penas en los casos en que el varón sea el agresor y la mujer la víctima, en flagrante conculcación del principio de igualdad ante la ley; leyes aberrantes que, además, invierten la carga de la prueba, conculcando también la presunción de inocencia.
A continuación, los miembros y miembras del llamado Tribunal Constitucional reciben –en palabras de Alfonso Guerra, que nos reveló esta enormidad hace algunos años, después de que esos miembros y miembras le fuesen a llorar lágrimas de cocodrilo– «fuertes presiones» para establecer la constitucionalidad de la ley aberrante (o sea, que prevaricaron a sabiendas). Una vez conseguido que una ley aberrante se vuelva inatacable, se siembra el terror entre jueces y fiscales, para que ninguno ose rechistarla y apliquen sañudamente una presunción de culpabilidad al varón, a la vez que hacen la vista gorda ante el alud de denuncias falsas que esta ley aberrante propicia y fomenta. Y, por si aún se colara algún atisbo de justicia entre tal maraña de enjuagues inicuos, el llamado Tribunal Constitucional emerge de nuevo, para garantizar que las conductas delictivas de cualquier mujer queden impunes y que los hombres, por el mero hecho de serlo, sean castigados, aunque se haya probado que son inocentes.
Y ahora da igual lo que haya que el hombre, de primeras, es culpable. Lo de antes estaría mal, lo de ahora igual o peor.
Tranquilos, que Putin nos va a tirar misiles y se acabará el problema. Si es que os preocupáis por nada.
Da igual las veces que Dani Alves haya cambiado de versión, porque no es Dani Alves quien debe demostrar su inocencia, es la denunciante quien debe demostrar su culpabilidad.
Es indiferente los cambios de opinión del acusado, lo relevante son las pruebas de cargo que hay y si son suficientes para enervar la presunción de inocencia. El acusado tiene derecho a mentir.
cosa muy distinta es que lo haga el denunciante y aquí si parecen haber habido contradicciones.
No dudo de que legalmente haya un mundo de diferencia pero moralmente es idéntico y la derecha rancia rasgándose las vestiduras por el basurilla este...
Y así debe ser siempre. Para todos/as/es.Quien acusa (víctima y M Fiscal) debe probar “más allá de toda duda razonable” la comisión del delito y eso es casi imposible en la mayoría de lo casos.Y este es otro mas.