El 1 de abril, el Ministerio de Economía informó a través de un comunicado que iba
a realizar un estudio, denominado DataCOVID, en colaboración de los operadores de telefonía (Telefónica, Vodafone y Orange) para rastrear 40 millones de teléfonos móviles de toda España con el fin de conocer los movimientos de población entre territorios y contribuir a la toma de decisiones para hacer frente al coronavirus
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No obstante, ninguno de los dos departamentos ha hecho referencia alguna a que la
app móvil pudiera controlar la veracidad de los datos de ubicación de los ciudadanos durante el confinamiento, una prerrogativa que puede chocar con la Ley de Protección de Datos.
Para evitar esta colisión legal, la norma publicada en el BOE indica que la aplicación no constituirá, en ningún caso, “un servicio de diagnóstico médico, de atención de urgencias o de prescripción de tratamientos farmacológicos”, ni “sustituirá en ningún caso la consulta con un profesional médico debidamente cualificado”.